No existen cosas tales como un almuerzo gratis, porque todo tiene su costo. En la carrera de Economía, la primera lección es que no hay de todo para todo el mundo, al menos gratis; es decir, los bienes son escasos. Pero un bien se puede usar para diferentes cosas, lo que significa que tiene fines alternativos. Ejemplo: con mil ladrillos puedo levantar una pared o construir una pileta de natación, pero no ambas.

La empresa Edesur distribuye la electricidad en Lanús y en otros 11 distritos del conurbano sur. En los últimos meses, sus intendentes, incluido Néstor Grindetti, se quejaron por Twitter de la ineficiencia del servicio, y los del Frente de Todos comenzaron una campaña (video de dudoso gusto musical incluido) presionando para la estatización del servicio; recalcan todos que las tarifas son caras y que hay cada vez más cortes.

Pero pícaramente, los jefes comunales que reclaman la estatización omiten decir que le deben a la empresa de capitales italianos $3000 millones desde 2011 por el consumo eléctrico en los asentamientos precarios.

Muchos dan por sentado que la energía es un derecho cuando en realidad es un bien. La diferencia cobra magnitud: los que argumentan aquello dan por sentado que, para los habitantes de barrios carenciados, la energía tiene que ser gratis. Eso hace creer el populismo, porque es un bien, ya que no se trata de un recurso gratuito: para producir electricidad y llevarla a los hogares se necesitan enormes inversiones. Desde la generación (usinas de ciclo combinado, centrales nucleares, represas hidroeléctricas, parques eólicos), pasando por las líneas de alta tensión, hasta las subestaciones transformadoras y las líneas de media y baja tensión que llegan a las industrias, los comercios y los hogares. Cada eslabón de esa cadena le paga costo y ganancia al precedente: transportadora al generador, distribuidora a la transportadora, y el consumidor abona su consumo y su parte proporcional de los anteriores costos.

Fue así desde 1992 hasta 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió el congelamiento de tarifas para Capital y Gran Buenos Aires (que gozaban de tarifas más baratas que otros países del continente e incluso que el interior del país). Con tarifas congeladas apenas compensadas por subsidios, el precio fue barato, el consumo enorme y la inversión, escasa o nula, porque los costos de generación son en dólares y Edesur dejó de ganar plata, el fin lógico de cualquier empresa, llámese generadora de luz, obtenedora de gas o una pizzería. En consecuencia, comenzaron los cortes.

En 2016, el gobierno de Mauricio Macri intentó cambiar el sistema, aumentando las tarifas para el usuario hacia su nivel real, con la consecuente disminución paulatina de subsidios para bajar el enorme déficit que esos subsidios acarreaban (4,2% del PBI).

Pero el enojo de una población del AMBA que se había acostumbrado a las tarifas baratas hizo que, en el electoral año 2019, y ante el alza de dólar, el expresidente Macri dispusiera el congelamiento del precio de la electricidad, que el actual mandatario Alberto Fernández prorrogó, primero hasta junio y después hasta fin de año. Por el congelamiento, las empresas (Edesur y Edenor) aducen una pérdida del 47 por ciento.

Ahora, los intendentes del FPV del conurbano pretenden que Edesur se estatice para no pagar lo que le deben.
Como escribió el profesor Juan Carlos de Pablo, ¡no hay derecho a considerar a la luz como un derecho!