El Defensor del Pueblo de Lanús, Facundo Mancebo, criticó al Gobierno nacional por la disolución del programa PRO.CRE.AR (de créditos para la vivienda) al señalar que “el acceso a la vivienda no puede depender explusivamente del mercado” por lo que “el Estado debe jugar un papel central en la implementación de políticas habitacionales”.

, anunciada por el Gobierno Nacional a través del Decreto N.º 1018/2024. Esta medida, que responde a la crítica situación del déficit habitacional en el país, ha generado gran preocupación entre los beneficiarios, especialmente por la falta de soluciones claras para las familias afectadas.

De esta forma Mancebo, quien es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se refirió a la intervención de la organización ante la disolución del programa PRO.CRE.AR, anunciada por el Gobierno Nacional a través del Decreto N.º 1018/2024.

Desde la Defensoría del Pueblo de Lanús, argumentaron que “esta medida, que responde a la crítica situación del déficit habitacional en el país, ha generado gran preocupación entre los beneficiarios, especialmente por la falta de soluciones claras para las familias afectadas”.

En su respuesta a la nota presentada al Poder Ejecutivo por ADPRA, en la cual requiere una urgente intervención en la problemática que afecta a los beneficiarios del Programa Procrear II en todo el país, el Gobierno justificó la disolución del programa argumentando que no fue suficiente para reducir el déficit habitacional, que asciende a 3,5 millones de viviendas. Además, el informe destacó que las políticas implementadas durante su existencia no tuvieron un impacto significativo, mencionando que solo se entregaron en promedio 1.700 viviendas anuales y se otorgaron 12.000 créditos, muchos de ellos para complementar otros préstamos.

Como medida alternativa, el Gobierno propuso transformar los créditos hipotecarios en préstamos personales, con una tasa de interés del 0% y sin garantías hipotecarias, una decisión que fue aceptada por el 63% de los beneficiarios, según el Ministerio de Economía.

Mancebo expresó su preocupación por el impacto de estas medidas en las familias que confiaron en el programa como una solución definitiva para acceder a la vivienda. “El acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente del mercado”, afirmó el ombudsman local, y agregó que “es necesario que el Estado juegue un papel central en la implementación de políticas habitacionales que garanticen derechos y soluciones sostenibles a largo plazo”.