Al cierre de esta edición, el Gobierno nacional definía prolongar hasta el 31 de diciembre el congelamiento de las tarifas de luz, gas y transporte que, desde inicios de este año, rige hasta el 30 de junio, medida para la que se basan en el cese de la actividad productiva a causa de la cuarentena para evitar el contagio por coronavirus.

Desde luego, si finalmente se aplica el congelamiento, todos los consumidores de estos servicios públicos van a estar a favor de la medida, pero se trata de otra decisión populista, amparada en el paraguas de “sensibilidad social”. Baste recordar la triste experiencia del período 2003-2015, período en el cual los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner tomaron idéntica medida de congelamiento de esos servicios en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en aquella oportunidad sin coronavirus ni catástrofe que lo justificara, sino con el logro de votos como todo fundamento.

Al abonar las facturas de esos servicios, los usuarios pagamos costos por producción, por transporte y por distribución a nuestros hogares. Con el monto que pagamos, el distrubuidor (Metrogas en el caso del gas o Edesur en la luz, en Capital y AMBA), le paga al transportista y este al productor. Como las tarifas no se aumentan desde marzo del año pasado las de luz y desde abril las de gas, y con ina inflación de 45,2 solo en Capital y GBA, según el INDEC, en el caso de la energía eléctrica los consumidores pagamos el 56 por ciento del costo de generación.

Además, como por el aislamiento social y ante el cierre delas bocas de cobro físico hasta primeros de este mes, la gente no podía pagar, aún con todo su deseo de hacerlo, y consecuentemente bajó la recaudación, y , el mes pasado, Cammesa ( el ente estatal que le cobra a las distribuidoras de energía para pagarle a los transportistas y generadores) solo pudo cobrar un 10% de las distribuidoras. La situación mejoró en las últimas semanas, pero todavía la tasa de cobrabilidad es del 36% y del 70% para grandes usuarios.

En consecuencia, de concretarse la prolongación del congelamiento durante todo el año, ante la seguira continuidad de la inflación, se achicarán aún más las distancias entre costos de esas empresas y su recaudación, y si esa diferencia no la paga el consumidor, la paga vía subsidios el Estado, o sea, también los consumidores, pero en este caso, se acrecentará el déficit fiscal.

Está bien que el Gobierno piense en las necesidades de tantos trabajadores que o no están cobrando sus sueldos o cobran menos de lo habitual, pero una forma de ayudalos sería con la posibilidad de pagar las tarifas en forma prorrateada, o que solo se le congele la tarifa a quien acredite no estar cobrando ningún sueldo. Es una propuesta.

De lo contrario, si se prolonga el congelamiento, o hay déficit o no hay pago del coste, y el resultado no puede ser otro que la desinversión y nuevamente los cortes del servicio, en esta Argentina que está destinada a repetir una y otra vez los mismos errores, producto de una rara enfermedad endémica de la Argentina, llamada amnesia.