Por Néstor Sierra Fernández
@nesifear

Por decreto, el Gobierno nacional ordenó prorrogar hasta el 31 de diciembre los aumentos de precios de los sevicios de teléfonos fijos, celulares, internet y televisión paga. Esos aumentos, del 15 por ciento, ya habían sido anunciados por las empresas Telecom, Claro y Movistar a sus abonados, y se iban a aplicar desde el 1 de septiembre.

Esas empresas habían aumentado por última vez en marzo de 2020 un 23 por ciento, que le siguió a otro del 22,5 en noviembre de 2019.

En el primer punto de los muchos considerandos del decreto que da forma a otra clara medida populista, se declara a Internet «un derecho», y resuleve que «suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC (Tecnologías de Información y Telecomunicaciones), incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción».

Es cierto, como quedó escrito, que las empresas del sector acomodaron sus tarifas un 45,5 por ciento entre noviembre y marzo. Pero desde marzo a julio, datos del Indec, hubo una inflación de 10,5 por ciento, que también se refleja en los costos de todas las empresas. Por caso, según un informe al que accedió PUNTO SUR, Telefónica (Movistar) tuvo en Argentina una ganancia de operaciones (descontados gastos en capital) de 76 millones de euros en el primer semestre de este año. Toda empresa tiene como medio invertir para dar un servicio, para conducir a su fin de ganar dinero. Nadie monta una heladería porque le gusten los helados, sino para venderlos.

Pero también es de suponer que, al suspender los aumentos (es decir, alargar el congelamiento de precios), para mantener ganancias o evitar pérdidas (que no es lo mismo), las empresas van a dejar de invertir, y sin inversión se resienten los servicios, porque van a postergar la instalación de nuevas líneas, no van a reparar o reemplazar las antenas transmisoras de señales de móviles, no van a renovar cableados ni equipos. Todo ello en un contexto en el que, por la cuarentena, el teletrabajo y la «tele educación», usamos internet casi las 24 horas.

Es la misma imagen que devuelve el espejo donde se reflejan las empresas prestatarias de luz y de gas.

De postergarse el congelamiento (pero no la inflación) en los inicios de 2021, es probable que las empresas piensen cortar gastos por donde más duele socialmente: despidiendo trabajadores, con lo que aumentará el porcentaje de desocupación y la pobreza, que llega en esta crisis de covid-19 al 50 por ciento.

En cualquier país del primer mundo, a nadie se le ocurre discutir el pago de la luz que lo ilumina al apretar la tecla, ni el gas que lo entibia, ni el agua con la que lava y se ducha. Ni el teléfono con el que nos comunicamos ni el servicio de Internet con el que estudia, trabaja o se conecta con el mundo. Como todo tiene un precio, Internet es un servicio, que no es sinónimo de derecho, como pretende hacer creer el Presidente en su decreto.

 

 

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Año XVI Edición 5871