En diciembre habrá una asamblea de grandes contribuyentes y luego la aprobación del Presupuesto 2022. Duros cruces por un convenio con la Universidad Siglo XXI  para que estudien trabajadores municipales y otro para que Edesur preste murales para que los pinten artistas locales

Por Néstor Sierra Fernández
@puntosur

En una sesión llena de cruces y controversias, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó el jueves por 14 votos contra 9 la ordenanza fiscal preparatoria del Presupuesto 2022 que prevé un incremento de impuestos de  hasta el 45 por ciento con respecto al ejercicio 2021.

Pero para los sectores más vulnerables, el incremento llegará “a la mitad o menos”, explicó el concejal Omar López.

Esta ordenanza tiene el carácter de preparatoria para que después la aprueben los grandes contribuyentes para luego debatir y sancionar los números finales de ingresos y egresos con los que el intendente local, Néstor Grindetti, deberá ceñirse para su gestión el año que viene.

Pero un extenso (y fuerte) debate lo originó la convalidación de un conenio “de cooperación con la
Universidad Empresarial Siglo XXI, para brindar beneficios a los empleados municipales y su grupo familiar que deseen estudiar en dicha Universidad”.

Además, se generó un amplio intercambio de debates otro del mismo tenor con la empresa Edesur “para el desarrollo de intervenciones artísticas”, por la que la empresa ofrecerá que artistas locales pinten sus muros con sus obras.

Lo mismo sucedió con el proyecto para “autorizar suscripción del Contrato de Locación con Autopark MRF S.R.L., por el inmueble sito en la calle Av. H. Yrigoyen 3735-3737, para ser utilizado como sede del centro de monitoreo y seguridad, y actividades y atención al vecino”. Se trata de que la municipalidad alquile ese inmueble para ampliar el actual Centro de Monitoreo, donde además se trasladará el asiento de la Gendarmería Nacional, hoy ubicado en frente, en Yrigoyen y Coronel Rico, iniciativa que fue aprobada por los 23 concejales presentes

En el debate sobre la preparatoria fiscal del Presupuesto, López explicó que prevé exenciones impositivas para que empresarios inviertan en actividades productivas en el distrito “y posibiliten la inserción laboral local, proponemos la creación del régimen de promoción de inversiones”.

El convenio de colaboración entre el Municipio y la Universidad Siglo XXI para que los trabadajores municipales puedan estudiar en esa universidad privada fue el origen de cruces de argumentos y de chicanas, que tuvo su climax cuando el edil Marcelo Rivas Miera, de JXC y presidente del concejo hasta el 10 de diciembre, acusó a la justicialista Flores Barrios de “estar usurpando su banca porque la puso la Cámpora”.

Las representanes del Frente de Todos, como Karina Nazabal y Natalia Gradaschi, se oponían al convenio con la universidad privada, al esgrimir que el convenio bien pudo haber sido con la Universidad de Lanús, “que es pública  y de calidad”, mientras que el peronista Jorge Montero, que es docente -quien se escindió del bloque del FDT- defendió el convenio junto con los oficialistas de JxC Jorge Schiavone y luego, Laura Lavandeira.

“¿Cuántos de nosotros queremos mandar a nuestros hijos a un colegio privado o atendernos en un hospital privado? Saquémonos la careta”, sentenció Schiavone

Por su parte, Lorena Flores Barrios (Kolina, en el FdT), argumentó que el convenio con la Siglo XXI confirmaba que “ustedes (por Juntos) están a favor de un Estado ausente”.

“Usted está en situación irregular porque está ocupando la banca por una artimaña de la Campora. El Concejo nunca la designó”, le descerrajó Rivas Miera. Que mirando al resto de los concejales, jusfiticó: “La concejal está de facto. Nunca firmé un decreto designándola”.

“No les interesa la educación pública porque solo están a favor de quienes tengan la plata para estudiarlo. Y me está faltando el respeto”, le retrucó la edil peronista.

A su turno, Laura Lavandeira (JxC), remarcó que “me recibí de contadora en una universidad pública,  pero no tengo ningún problema en decir que mis hijos van a la educación públicada”, y tras ponderar la gestión educativa de Horacio Rodríguez Larreta y de Grindetti, dijo que “Nada es gratuito. Todo se paga. Alguiaen lo paga. La educación pública es subvencionada con los impuestos que paga la gente. Entonces yo, que pago impuestos, tengo derecho a elegir si mi hija a a ir a una universidad pública o privada”.

Finalmente, fue el convenio fue aprobado por 14 votos contra 9.