El defensor del Pueblo de Lanús e integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Facundo Mancebo, y otros defensores del país, se reunieron en la ciudad de Santa Fe y emitieron una declaración dirigida al Presidente de la Nación, Javier Milei, en la que expresan su preocupación por la posibilidad de que se vete la ley de financiamiento universitario, recientemente aprobada por el Congreso con amplio respaldo.

La declaración basa su pedido en que «esta ley es crucial para mejorar el presupuesto de las universidades nacionales, que atraviesan una situación crítica. La actualización del financiamiento universitario en relación con la inflación acumulada, bajo criterios de equidad, permitiría garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas y asegurar una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país».

«Es importante señalar que la ley no genera un incremento del gasto público, -continúan- sino que ajusta los recursos asignados en función de la inflación, evitando que el sistema educativo se vea afectado por la erosión presupuestaria».

En este sentido, ampliaron que «las Defensorías del Pueblo no pueden ignorar que la falta de un financiamiento adecuado vulnera los derechos fundamentales tanto de estudiantes como de trabajadores universitarios. Si se vetara esta ley, se pondrían en riesgo los salarios y el correcto funcionamiento de las universidades, esenciales para el desarrollo social y económico del país».

A su vez, Mancebo destacó que «Nos preocupa profundamente que esta medida pueda comprometer la calidad educativa, así como las actividades de investigación y extensión, esenciales para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Por eso, solicitamos que se reconsidere el posible veto a esta ley y se avance hacia un sistema de financiamiento que garantice la estabilidad de las universidades nacionales, respetando los derechos de estudiantes y docentes, y fortaleciendo el sistema educativo público, sin desestabilizar las finanzas del Estado».

Las Defensorías están dispuestas a colaborar en cualquier instancia de diálogo que facilite soluciones para garantizar el futuro de la educación superior en Argentina.