El Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, resolvió el 10 de enero pasado “discontinuar el financiamiento de la Compañía de Danza Clásica Danza por la inclusión”, que funcionaba con dirección artística de Iñaki Urlezaga y en el marco de un convenio de asistencia técnica con la Universidad Nacional de San Martín”, con la excusa de que su mantenimiento insumía 30 millones de pesos.

Creado en 2013 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner, y continuado por la actual titular de esa cartera, Carolina Stanley, el Ballet Nacional de Danza Clásica tenía la misión de recorrer el país con su arte, cumpliendo fines obviamente culturales y sociales: por un lado, posibilitaba que se presentaran a una audición bailarines de nuestras provincias, alejados de Buenos Aires y, además, el cuerpo de 60 bailarines llevaba su bello arte en forma gratuita a compatriotas que llenaban los teatros donde se presentaba el Ballet Nacional y que de otra forma no podían acceder, dado el usual alto costo de la entrada de esas presentaciones. Así, el ballet dirigido por Iñaki Urlezaga acercaba a cada rincón de nuestro país obras como “Cascanueces”, “El lago de los cisnes” y tantas otras de altísima calidad.

Pero los argentinos nos quedamos sin la Compañía de Danzas debido a la necesidad, aducen desde el Ministerio de Cultura, de achicar el déficit fiscal, a la par del resto de las áreas del Estado.

Bien cierto es que sufrimos ahora las consecuencias de ocho años de populismo, (tarifas, un sinfín de planes sociales, el “Fútbol para todos”, etcétera), financiado primero con las reservas del Banco Central, luego con los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social y, cuando se acabaron esas fuentes, con la alocada emisión de moneda papel, ampliando la base monetaria un 40 por ciento por encima de la cantidad necesaria para comprar todos los bienes y servicios de nuestra economía, con el consiguiente 40 por ciento de inflación. Es condición imprescindible bajar el déficit. Y las recientes leyes tributaria y la previsional, no exenta de puntos criticables, van en ese correcto sentido, como bien lo explicó a PUNTO SUR el economista Juan Carlos de Pablo en la entrevista que se puede leer en la página 7 de esta edición.

Pero es totalmente censurable que el Gobierno tome a la Cultura como un bien de uso y no como lo que es, un derecho de todos. Por lo tanto, el arte no puede ser tomado como un gasto que haya que eliminar, sino como un bien social al que todos los argentinos tenemos derecho de acceder, sobre todo aquellos compatriotas postergados económicamente o alejados de los grandes centros culturales. Porque la cultura y la educación no son objetos sometidos al mercantilismo. Ofrecerlas es una de las funciones indelegables del Estado.  

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Año XVI Edición 5939